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Los actos conclusivos de la investigación

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La fase de investigación del proceso penal siempre ha de culminar con un “acto conclusivo”, denominado así porque  “concluye” con la investigación iniciada a raíz del delito cometido.

Son tres los actos conclusivos que puede dictar el Fiscal del Ministerio Público una vez finalizada la investigación: a) El Archivo Fiscal, b) El Sobreseimiento y c) La Acusación.

a) El ARCHIVO FISCAL, lo decreta, motu proprio el Fiscal del Ministerio Público cuando “el resultado de la investigación resulte insuficiente para acusar”, sin perjuicio de que pueda reabrirse la investigación “cuando aparezcan  nuevos elementos de convicción” o nuevas pruebas en contra del imputado sospechoso de haber cometido el delito. (Art. 297 COPP). Esta medida comporta el cese inmediato de toda medida cautelar decretada contra el imputado a favor de quien se haya ordenado el archivo y debe ser notificada, en todo caso, a la víctima del delito que haya intervenido en el proceso, quien tendrá derecho a dirigirse en cualquier momento al juez de control solicitándole que “examine los  fundamentos de la medida” (Art. 298 COPP).

Ante esa eventual solicitud de la víctima, el tribunal, si la encuentra fundada, “así lo declarará formalmente, y ordenará el envío de las actuaciones a el o la Fiscal Superior  para que éste o ésta  ordene a otro u otra Fiscal que realice lo pertinente” (Art. 299 COPP). 

b) El SOBRESEIMIENTO, a diferencia de lo que ocurre con el Archivo, no lo decreta el Fiscal del Ministerio Público sino que lo decreta el Juez de Control previa petición del Fiscal, quien lo presentará como acto conclusivo de la investigación. Antes de esto debe verificarse alguna de las causas que lo hacen procedente (art. 302 COPP), que, conforme a lo dispuesto en el artículo 300 del COPP, son las siguientes:

1. El  delito no logró demostrarse o no se recabaron pruebas para culpar al imputado de haberlo cometido.

2. El hecho imputado no tiene carácter penal o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; esto es, un motivo legal que impida sancionar al imputado, como por ejemplo, la legítima defensa. Quien mata a alguien en legítima defensa, no es penalmente responsable.

3. El transcurso del tiempo máximo establecido por la ley para establecer la responsabilidad penal del imputado en el delito, que se denomina “prescripción de la acción penal”. 

4. A pesar de la falta de certeza, cuando no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.

Luego de presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez, en un lapso de cuarenta y cinco días, podrá decretarlo o rechazarlo. Si lo decreta, la víctima puede apelar de esa decisión. Si por el contrario el juez no acepta la solicitud de sobreseimiento, “enviará las actuaciones a el o la Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el o la Fiscal Superior del Ministerio Público ratifica el pedido de sobreseimiento, el Juez o Jueza lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el o la Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro u otra Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo” (art. 305 COPP)

c) Finalmente, el tercer acto conclusivo es la ACUSACIÓN del Fiscal del Ministerio Público, que este dictará al finalizar la fase de investigación cuando “estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado o imputada” (art. 308 COPP), caso en el cual presentará ante el juez de control el respectivo escrito acusatorio que deberá contener los siguientes requisitos:

1. Los datos que permitan identificar y ubicar al imputado o imputada y el nombre y domicilio o residencia de su defensor o defensora, así como los que permitan la identificación de la víctima.

2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado o imputada.

3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan; es decir, con indicación de las pruebas que demuestran que el delito se cometió y que el imputado es responsable de haber participado en su comisión.

4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables o el señalamiento de los artículos del Código Penal o de las leyes penales correspondientes, donde se encuentran previstos y sancionados con pena de prisión, el o los delitos por los cuales se acusa al imputado.

5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad; es decir, señalando qué es lo que se pretende demostrar con cada prueba: delito cometido y/o culpabilidad del imputado.

6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada.

La presentación de la acusación marca el inicio de la fase intermedia del proceso penal. Luego, el juez deberá convocar a las partes a la celebración de la audiencia preliminar (art. 309, encabezamiento, COPP).

Foto: Stacked papers on folders by auxesis. CC BY-SA >> http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/legalcode 

Actualizado el 16 d junio dl 2014
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