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La Medida de Privaci贸n Judicial Preventiva de Libertad y las Medidas Cautelares Sustitutivas de la Prisi贸n

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Un imputado puede ser objeto de una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad siempre que se verifiquen al mismo tiempo los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente: El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”.

De manera que, para que el juez de control pueda dictar una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, lo que  ocurre siempre al  finalizar la audiencia de presentación del imputado, es necesario que, previamente, el fiscal del Ministerio Público se lo solicite expresamente por escrito, de manera razonada, aportando suficientes y fundados elementos de convicción o pruebas, los  tres (3) requisitos previstos en los referidos numerales 1., 2. y 3. del artículo 236 COPP. En caso de no ser así, son dos las hipótesis que pueden plantearse:

A. Si no se encuentran llenos, al mismo tiempo, los requisitos de los numerales 1 y 2, no procederá, en ningún caso, la privación de libertad del imputado ni tampoco una medida cautelar sustitutiva. Deberá decretarse, en esta hipótesis, la improcedencia de la solicitud; y, caso de haber sido aprehendido el imputado, éste deberá ser puesto inmediatamente en libertad plena, esto es, sin restricciones o condiciones de ninguna naturaleza.

B. De concurrir ambos requisitos el juez podrá optar por: I) Declarar la procedencia de la medida de privación de libertad del imputado si constata que, además, concurre el tercer requisito a que se contrae el numeral 3. del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, bien por la existencia del peligro de fuga o el de obstaculización, o ambos a la vez. II) Declarar la improcedencia de la Medida de Privación de Libertad del imputado, de constatar que no concurre dicho tercer requisito, esto es, ni el peligro de fuga ni el de obstaculización, en cuyo caso deberá imponer al imputado, en su lugar, una medida cautelar sustitutiva de las previstas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. De verificarse uno cualquiera de estos dos “peligros”,  habrá de considerarse cumplido el tercer requisito y procederá, en consecuencia, la Medida Privativa de Libertad del imputado y no una Medida  Cautelar Sustitutiva.

Para que el juez de control pueda establecer si existe o no peligro de fuga o peligro de obstaculización, debe guiarse lo establecido en los artículos 237 y 238 COPP.

En síntesis, el de Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad es aquél que, mediante resolución fundada, dicta el juez de control si constata, después de oír al imputado en la audiencia de presentación, que, efectivamente, aparte de concurrir  las circunstancias a que se contraen los numerales 1. y 2. del artículo 236, existe el peligro de fuga y/o de obstaculización.

Si el juez considera que no se verifican en el caso concreto ninguno de estos dos peligros, pero sí los concernientes a los de dichos numerales 1 y 2, podrá decretar al imputado una medida cautelar sustitutiva de la prisión. Estas medidas están previstas en el artículo 242 COPP y pueden tener  las siguientes modalidades:

a) La detención domiciliaria, en el propio domicilio del imputado o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene;

b) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al tribunal;

c) La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe;

d) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;

e) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;

f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

g) El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres o niños, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado;

h) La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías reales;

i) Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria.

Si tiene dudas sobre su caso particular puede escribirnos, sin ningún compromiso, a nuestra dirección de correo info@tamayo-tamayo.com y en breve responderemos sus inquietudes. 

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Foto: Lady Justice by Scott* CC BY-SA >> http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode

Actualizado el 19 d mayo dl 2014
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