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La derogatoria tácita de la pena corporal de presidio del Código Penal Venezolano

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Autor: Dr. José Luis Tamayo. Abogado Penalista. Doctor en Derecho (UCV)

En nuestra opinión, la pena corporal de presidio a que se contrae el artículo 9.1 del Código Penal (CP) venezolano, quedó tácitamente derogada en la última reforma que se le hizo al texto punitivo en el año 2005 (Gaceta Oficial Nº 5.768 Extraordinario del 13 de abril de 2005).

Nuestro aserto lo basamos fundamentalmente en el hecho de que el artículo 108 CP, que se refiere a los lapsos para el cómputo de la prescripción de la acción penal la suprimió de manera expresa de sus numerales 1, 2 y 3, en los cuales se cambió la palabra “presidio” por “prisión”. Ello motivó, además, que la gran mayoría de delitos tipificados en el Libro Segundo del Código Penal, se sustituyera la pena corporal de “presidio” por la de “prisión”, aunque quedaron subsistentes ciertos delitos castigados con penas de “presidio”, que, a nuestro juicio, obedece, sencillamente, a una pésima y descuidada técnica legislativa, mas no a la real intención del legislador penal, que fue la de suprimir dicha pena, impulsado, a nuestro modo de ver, por su total antinomia con la Carta Magna de 1999.   

El siguiente ejemplo referido al delito de homicidio servirá de ilustración a lo dicho.  Veamos: la pena asignada al homicidio intencional simple, es, conforme al artículo 405 CP, la de presidio de 12 a 18 años, en tanto que la del homicidio intencional calificado  --de mayor gravedad-- es, de acuerdo a los tres numerales del art. 406 CP que lo tipifica, la de prisión, que oscila entre 15 a 30 años. Esto resulta evidentemente absurdo e ilógico, porque no es posible sostener, en sana hermenéutica jurídica, que el más leve de los homicidios (el simple, esto es, el cometido contra una persona cualquiera sin que concurran circunstancias agravantes o calificantes), se encuentre  castigado con pena de presidio, en tanto que el más grave de ellos (el cometido en la persona del Presidente de la República, art. 408,3 CP), esté castigado con pena de prisión.

Históricamente, la pena de “presidio” se diferenciaba de la pena de “prisión” en razón de que aquella estaba dirigida a sancionar con mayor rigor a los delitos más graves, mientras que para los demás se aplicaban penas de menor entidad, empezando por la de prisión, seguida por la de arresto.  Así por ejemplo, la pena de presidio, a  diferencia de la pena de prisión, comportaba la posibilidad de imponerle al penado “trabajos forzados dentro o fuera del respectivo establecimiento”, al igual que  el “aislamiento celular”, de acuerdo  al primer aparte del artículo 12 CP, lo cual, a la luz de la legislación constitucional vigente, resulta inaplicable en razón de violentar claramente expresas disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos. De allí que, si bien el artículo 12 CP no se encuentra derogado de forma expresa, es obvio que lo está tácitamente, aunque el legislador penal, por las mismas razones antes anotadas (pésima y descuidada técnica legislativa), no lo haya suprimido del código.  

De no convenirse en que la pena de presidio se encuentra tácitamente derogada, según creemos, se llegaría al absurdo de que determinados delitos no declarados expresamente imprescriptibles  por el artículo 271 de nuestra Carga Magna (contra los derechos humanos, el patrimonio público y el tráfico de estupefacientes), como sería, v.gr., el homicidio calificado ya citado, no prescribirían jamás, dado que el artículo 108 CP no contempla la pena de presidio. Esto, obviamente, es inaceptable.

Concurren además otras razones de peso que abonan en obsequio de la tesis que aquí sostenemos, que no nos es posible abordar ahora. Sin embargo, baste decir además que en la práctica forense cotidiana, el grueso de los Tribunales Penales de juicio del país condenan al declarado culpable de un determinado delito, a sufrir exclusivamente la pena corporal de “prisión”, y no a la de “presidio”,  aun cuando el CP castigue al delito de que se trate con esta última. Adicionalmente, también se le castiga a sufrir las penas “accesorias de ley”, que muy pocas veces (por no decir nunca) son mencionadas de manera específica en el fallo condenatorio, dado lo inoficioso de ello.    

De todo lo anterior se sigue que, en la actualidad, la pena accesoria no corporal  de “interdicción civil durante el tiempo de la condena”, a que se refiere el numeral 1 del artículo 13 CP (cuyos efectos son  “privar al reo de la disposición de sus bienes por actos entre vivos y de la administración de los mismos, de la patria potestad y de la autoridad marital”,  según el art. 23 CP), no puede aplicársele al condenado, en virtud de que  la misma “no podrá imponerse como pena principal, sino únicamente como accesoria de la de presidio”, por expresa disposición del encabezamiento del  artículo 23 CP.

Opinamos finalmente que cualquier reo que haya sido condenado a sufrir  pena de presidio (inclusive antes del año 2005, en base al principio de retroactividad de la ley penal cuando es más favorable al reo), y, adicionalmente “a las accesorias de ley”  (que, en el caso del presidio, incluye la interdicción civil de acuerdo al art. 23 CP),  puede perfectamente accionar con éxito, vía ordinaria (aclaratoria, apelación o recurso de casación de sentencia definitiva) o vía extraordinaria (amparo o revisión de sentencia penal firme conforme al COPP), para que se le sustituya la eventual condena a pena de “presidio” que se le haya podido imponer, por la de “prisión”, al igual que a las accesorias de aquella. La pena corporal de presidio, insistimos, es, a no dudar, contraria al texto constitucional, muy en especial por lo que atañe al principio de progresividad de los derechos humanos.

Actualizado el 13 d junio dl 2017
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