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El Ministerio P├║blico

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De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Gaceta Oficial N° 38.647 del 19 de marzo de 2007), el Ministerio Público “es un órgano del Poder Ciudadano que tiene por objetivo actuar en representación del interés general y es responsable del respeto a los derechos y garantías constitucionales a fin de preservar el Estado democrático y social de derecho y de justicia”. La máxima dirección y representación del Ministerio Público corresponde al Fiscal General de la República, cuya designación la realiza la Asamblea Nacional.

El Ministerio Público, para cumplir con las funciones que le atribuye la ley, cuenta con numerosos fiscales a lo largo del territorio nacional, que deben ser abogados y cumplir con otros requisitos señalados por la Ley Orgánica del Ministerio Público, y son designados por el Fiscal General de la República.

Existen distintas categorías de fiscales del Ministerio Público, destacando en primer lugar los Fiscales de Proceso, que son aquellos que, por ley, tienen atribuida participación en procesos judiciales de cualquier naturaleza, no solo en materia penal. También hay Fiscales del Ministerio Público de Ejecución de la Sentencia, Fiscales del Ministerio Público de los Derechos y Garantías Constitucionales, Fiscales del Ministerio Público en el Sistema de Protección del Niño, Niña, Adolescente y la Familia; Fiscales del Ministerio Público en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, Fiscales del Ministerio Público en Defensa Ambiental y Fiscales del Ministerio Público con competencia en Materia Indígena.

Estos fiscales, a su vez, cuentan con Fiscales Auxiliares que coadyuvan al ejercicio de las funciones de los Fiscales principales.

Conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, son deberes y atribuciones comunes de los fiscales o las fiscales del Ministerio Público, entre otros, los siguientes:

1. Garantizar en los procesos judiciales y administrativos, en todas sus fases, el respeto de los derechos y garantías constitucionales, actuando de oficio o a instancia de parte. Lo anterior no menoscaba el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los particulares.  

2. Garantizar, en cuanto le compete, el juicio previo y el debido proceso, la recta aplicación de la ley, la celeridad y buena marcha de la administración de justicia.

3. Proteger el interés público, actuar con objetividad, teniendo en cuenta la situación del imputado o imputada y de la víctima, así como prestar atención a todas las circunstancias pertinentes del caso.

4. Promover la acción de la justicia en todo cuanto concierne al interés público y en los casos establecidos por las leyes.

5. Interponer, desistir o contestar los recursos contra las decisiones judiciales dictadas en cualquier estado y grado del proceso.  

6. Velar por el exacto cumplimiento de los lapsos, plazos y términos legales y, en caso de inobservancia por parte de los jueces o juezas, hacer la correspondiente denuncia ante los organismos competentes.

7. Ordenar, dirigir y supervisar las actividades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como de los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales dentro del curso de la investigación. 

Foto: Ministerio Público by caracasapieCC BY-SA >> http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/legalcode 

Actualizado el 06 d abril dl 2014
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